ALLANAMIENTOS Y PEDIDOS DE CONDENAS A PRISIÓN EN DIFERENTES CASOS DE VENTA DE DROGAS

La Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados a Estupefacientes (UFEIDE), a cargo de la Dra. Cecilia Amil Martín -que depende del MPF CABA encabezado por Juan Bautista Mahiques-, investiga distintos casos de comercialización de estupefacientes de manera organizada.

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Uno de los casos se inició a partir de una denuncia anónima. Ante ello, la fiscal Amil Martín encomendó tareas de investigación a la División Operaciones Área Metropolitana Sur de la Policía Federal Argentina. 

Esta División constató la denuncia, identificando a 2 mujeres que se dedican a la comercialización de material estupefaciente al menudeo en las inmediaciones de un departamento del barrio de San Telmo, aportando las pruebas necesarias para la investigación. De esta manera, la fiscal solicitó una orden de allanamiento al domicilio establecido como punto de venta y requisas personales a las personas investigadas y señaladas como partícipes del delito, lo cual fue autorizado por el juzgado.

El allanamiento tuvo resultado positivo y permitió secuestrar 337,5 gramos de cocaína, además de balanzas y elementos de corte, teléfonos y dinero en efectivo. Por tales hechos, se imputó a las mujeres y se llegó a un acuerdo de juicio abreviado con la principal investigada -a quien se le dictó prisión preventiva a solicitud de la UFEIDE- en el que se solicitó la condena de 3 años de prisión de efectivo cumplimiento.

En otro caso, también a partir de una denuncia anónima, se logró establecer un domicilio donde se vendían drogas en Constitución. Con las pruebas aportadas por la División Investigación Antidrogas Zona IV de la Policía de la Ciudad, se realizó un allanamiento –previamente autorizado por el juez- en el que se secuestraron 113 envoltorios de cocaína, marihuana en trozos, 2 balanzas, una navaja, 9 teléfonos celulares y dinero en efectivo. 

Por este motivo fueron condenadas 2 personas por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización a la pena de 3 y 2 años de prisión en suspenso. Estos acuerdos están pendientes de homologación por el juzgado interviniente.

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