El MPF CABA estuvo presente en el debate sobre la implementación de la nueva ley penal juvenil de la UMSA

Representantes del Ministerio Público Fiscal de CABA participaron de la jornada “La Ley 27.801 y los desafíos que enfrenta el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, un espacio de debate que reunió a magistrados, fiscales y especialistas a un mes de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, prevista para el 5 de septiembre.

Entre los representantes del MPF CABA se destacó la presencia del fiscal general adjunto en lo Penal y Contravencional, Eduardo Riggi; Bárbara Moramarco, jueza penal juvenil en licencia y actual secretaria general de Investigaciones y Relaciones con las Fuerzas de Seguridad; y el fiscal penal juvenil Mauro Tereszko, quienes coincidieron en que la entrada en vigencia de la Ley 27.801 abre una nueva etapa para la justicia juvenil y exige una profunda adecuación institucional.

La jornada se dio en el marco de la Diplomatura en Derecho Penal Juvenil de la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA) y, durante su disertación, Moramarco enfatizó que el MPF CABA cuenta con la fuerza y la capacidad necesarias para asumir con éxito este nuevo desafío, aunque mantuvo una mirada atenta sobre cómo se abordará el tratamiento de las cuestiones socioeducativas en la práctica.

En ese marco, advirtió sobre los desafíos que implicará la puesta en marcha de la nueva normativa y destacó que el organismo viene desarrollando mesas de trabajo para anticiparse a los distintos escenarios posibles y garantizar una adecuada implementación.

A su turno, Tereszko sostuvo que el debate sobre la Ley 27.801 no puede quedar limitado exclusivamente a la discusión sobre la edad de imputabilidad. Explicó que el eje central del nuevo régimen está puesto en la justicia restaurativa, con un modelo que prioriza respuestas alternativas a la privación de la libertad.

Tereszko destacó que la norma incorpora con mayor protagonismo a la víctima, fortalece el rol de la comunidad y la familia en los procesos de reinserción e introduce herramientas como el criterio de oportunidad, la mediación, la reparación del daño y la figura del supervisor que acompañará el cumplimiento del plan socioeducativo de cada adolescente.

Asimismo, remarcó que el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad ya trabaja en la elaboración de protocolos, instancias de capacitación y mecanismos de coordinación con organismos de protección de derechos para afrontar la implementación del nuevo régimen penal juvenil.

En el cierre de la jornada, el fiscal general adjunto Eduardo Riggi llamó a interpretar la reforma como una oportunidad para consolidar un sistema más respetuoso de los estándares constitucionales e internacionales en materia de justicia juvenil. Y sostuvo que el éxito del nuevo régimen no estará determinado por la cantidad de condenas, sino por la capacidad de construir respuestas inteligentes, coordinadas y humanas que contemplen los derechos de los adolescentes, las necesidades de las víctimas y la seguridad de la comunidad.

Además, Riggi destacó que la Ciudad de Buenos Aires cuenta con experiencia institucional y equipos capacitados para afrontar este desafío.

A pesar de las distintas miradas expuestas durante el encuentro, los representantes del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad coincidieron en un punto central: la entrada en vigencia de la Ley 27.801 requerirá una fuerte articulación entre fiscales, jueces, defensores, equipos interdisciplinarios y organismos de protección de derechos para que el nuevo régimen penal juvenil pueda cumplir con su finalidad restaurativa y socioeducativa.

En una jornada que contó con la presencia de la presidenta del Consejo de la Magistratura de la CABA, Karina Leguizamón; como expositores participaron por el Poder Judicial de la Ciudad: 

• Javier Alejandro Buján, presidente y juez de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas.
• Carla Cavaliere, jueza de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, y vicedirectora del Instituto de Seguridad Pública.
• Marcela De Langhe, jueza del Tribunal Superior de Justicia.
• Rocío López Di Muro, consejera del Consejo de la Magistratura.
• Romina Furio, titular de la Secretaría de Infancias y Adolescencias de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas.
• Patricia López, defensora oficial Penal Juvenil.
• Alicia Baridon Gómez, jueza Penal Juvenil.